Planeación urbana y su aplicación legal

Gustavo López Padilla

 

Hasta el inicio de la década de los años ochenta, la planeación urbana en la ciudad de México, tuvo una aplicación legal discrecional, toda vez que los planes de desarrollo urbano implementados por los gobiernos de la ciudad, de aquellos años, no habían sido aprobados y convertidos en ley por la Cámara de Diputados, lo que permitía  sin mayores compromisos y discusiones legales, excepciones a las reglas de planeación, lo que se traducía en algunas obras que respondían a situaciones coyunturales discutibles. En buena medida los resultados de planeación y las calidades de vida urbana resultantes, dependían de las habilidades, intereses y buena voluntad de los representantes gubernamentales en turno.

  La situación cambió justamente al inicio de los años ochenta, cuando en el periodo presidencial de José López Portillo, se emprendió un importante esfuerzo de estudios de planeación, desde la visión nacional, pasando por la escala de cada uno de los estados que conforman la República Mexicana,  hasta el nivel municipal o de las delegaciones políticas, para el caso de la ciudad de México. De esos años a la fecha, los planteamientos y resultados de la planeación urbana, han pasado por despachos privados de destacados equipos de urbanistas que han realizado serios y profesionales estudios, siendo revisados y aprobados por diferentes representaciones sociales, designadas legalmente para el caso y terminando por ser aprobadas por las Cámaras de Diputados locales. De 1982 a la fecha, los resultados de estos estudios de planeación urbana, se han vuelto ley y han sido publicados a través de los medios oficiales pertinentes. Desde aquél tiempo, hemos conocido las cartas específicas que definen usos del suelo, intensidades de construcción y condiciones particulares de las diferentes zonas que conforman las ciudades, hasta las particularidades de cada lote en específico. La ciudad de México cuenta con sus cartas en cuestión y su información es del dominio público. A estas cartas se les han hecho las modificaciones que a lo largo del tiempo, se han considerado pertinentes, para ajustarlas a la realidad política, social, económica y a las condiciones particulares de las capacidades de infraestructura, como disponibilidad de agua potable, redes de drenaje, posibilidades para dotar de energía eléctrica, aforos vehiculares, transporte público, capacidad de estacionamientos y equipamientos como escuelas, salud, comercio y recreación.

 Estos ejercicios de planeación, desde sus inicios, ya como ley aprobada, han resentido los embates de las presiones especulativas de los diferentes grupos de inversionistas, que buscan aprovechar las mejores zonas de la ciudad, con la idea de maximizar sus capitales, en ocasiones por encima de la ley misma, importando solo el beneficio particular, sin considerar el bienestar colectivo que tiene que ver con la calidad habitable del conjunto de todos los espacios que conforman  las ciudades.

ilustración Tania Tovar Torres

En los últimos meses, en la ciudad de México, las presiones inmobiliarias, en sectores de la ciudad con gran potencial de explotación económica, como las inmediaciones del cruce del anillo periférico y el Paseo de la Reforma o algunos predios en la colonia San Jerónimo, al sur de la ciudad, como ejemplos, han sido motivo de fuertes discusiones, polémica y enfrentamiento entre la sociedad civil, los inversionistas privados y los representantes gubernamentales. Las propuestas inmobiliarias sobrepasan lo estipulado por la ley en los Planes Parciales de Desarrollo. Las protestas de los vecinos que viven en los alrededores de los lugares en cuestión y que no están de acuerdo con la construcción de estas nuevas edificaciones, se enfrentan con argumentaciones de los inversionistas privados que plantean en su defensa argucias legales y criterios subjetivos, que resultan poco sólidos, cuando la planeación urbana implica fundamentalmente datos duros, que pueden y deben ser verificables.

 Es entendible que si las ciudades se hacen en el tiempo, por naturaleza sean cambiantes e incluyentes. Lo mismo el que se alteren las condiciones económicas, sociales y políticas, siendo necesario ajustar los planes urbanos de desarrollo a estas nuevas circunstancias. Pero mientras esto sucede, en las situaciones intermedias, para admitir la construcción de un proyecto inmobiliario que vaya más allá de lo estipulado por las leyes urbanas aprobadas, debe estar apoyado en los estudios correspondientes de impacto urbano ambiental, de tal manera que se compruebe racionalmente, que los resultados posteriores a su edificación, no solo beneficiarán a los inversionistas en lo inmediato y particular, sino a la ciudad en su conjunto, debiendo existir un acuerdo entre las representaciones sociales, los representantes gubernamentales y los inversionistas privados involucrados

 

Ilustración Tania Tovar Torres

 Es importante recordar que de la suma de las calidades y potencialidades de las obras particulares, se conforma finalmente la calidad del espacio colectivo de las ciudades. Las obras de las que se polemiza actualmente en la ciudad de México, tienen una escala tal, que se pueden convertir en detonadoras del desarrollo, en los alrededores de las zonas donde se ubican. Hay que contemplarlas así y no solo en la particularidad de sus lotes específicos. Unas cuantas obras de la escala, de las que se discuten actualmente, impactarian seguramente, cambiando los usos del suelo, sus intensidades, los perfiles urbanos y las calidades de vida, en importantes áreas alrededor de las mismas.

 Las preocupaciones legítimas de los vecinos en relación a las obras aludidas, tienen que ver con la percepción de una sobresaturación de las zonas donde se pretenden ubicar, desde antes de empezar las nuevas construcciones, en materia de aforos vehiculares, falta de lugares de estacionamiento, escasez en el suministro de agua potable, saturación de las redes de drenaje, falta de transporte público, suficiente y cómodo. A lo anterior se suma la insuficiencia y o pérdida de algunas zonas de espacios abiertos, igualmente escasas en el promedio general de la ciudad de México y limitaciones en lo que se refiere a equipamiento educativo, comercial, de salud  y de servicios.

 Así las cosas, el problema de lo que sucede en grandes territorios de la ciudad de México, en materia urbana, se concentra en el respeto de las leyes de planeación aprobadas por la Cámara de Diputados, en la racionalidad de los argumentos que soportan la viabilidad de los proyectos, en la aplicación del sentido común, en el  respeto al principio de que hacer arquitectura es hacer ciudad, pensando antes que nada en el bienestar colectivo y no en el beneficio rápido de unos cuantos que pueden heredar tan solo más conflictos, urbanos y sociales.  Cualquier otro argumento o argucia legal, será siempre criticada por la ciudadanía. Las densidades construidas, calidades de vida y habitabilidad urbanas, generan necesariamente conductas sociales. O se alienta la sana convivencia,  el ejercicio creativo del espíritu, con resultados urbanos y arquitectónicos amables y sensatamente armónicos o se generan caos y conductas negativas, que pueden derivar en violencia y destrucción. Se debe pensar en el presente y futuro de las ciudades con un sentido racional y humanista.

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